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Boletín de prensa 5 de septiembre de 2011
EL TIEMPO
TEMAS ESPINOSOS PODRÍAN ENREDAR CONCILIACIÓN DEL PROYECTO ANTIRRACISMO
Si no hay acuerdo para unificar textos entre Senado y Cámara, la iniciativa se podría hundir.
El proyecto de ley que sanciona con cárcel hasta por tres años a quien cometa el delito de discriminación, se podría enredar en la conciliación entre Senado y Cámara.
Mientras la iniciativa aprobada en el Senado hace extensivo el delito a lo relacionado con indígenas y afrodescendientes, la de Cámara -votada esta semana- le adiciona minorías sexuales, nacionalidad e ideología política o religiosa.
"El espíritu era combatir el racismo, pero en el último debate le metieron otros elementos a los que no se les dio discusión", dijo el senador del PIN Édgar Espíndola, uno de los conciliadores. Para el congresista, "se les ha ido la mano en las condenas, lo cual me parece excesivo".
El senador conservador José Darío Salazar, otro de los ponentes y quien rechaza de plano las uniones entre parejas de un mismo sexo, prefiere no hablar del tema hasta que conozca el texto que salió de Cámara.
En todo caso, el senador Carlos Baena (del Mira), autor de la iniciativa, advirtió que, si no hay acuerdo la próxima semana entre los conciliadores, el proyecto se puede hundir.
'NO HAY CONSENSO PARA PROHIBIR EL ABORTO EN COLOMBIA': SANTOS
El mandatario dijo, además, que la reforma a la justicia tiene que aprobarse.
Dos mensajes contundentes envió este viernes el presidente Juan Manuel Santos a los integrantes de la coalición y a las instituciones del país.
En primera instancia, Santos dijo que no habrá consenso para aprobar una prohibición del aborto en Colombia, como lo quiere el Partido Conservador, colectividad que presentó un proyecto de reforma constitucional en ese sentido.
"Seguramente no vamos a encontrar un consenso", dijo Santos, pero anticipó que este hecho no va a minar la cohesión de la unidad nacional, su coalición de Gobierno.
El aborto es permitido en Colombia en tres situaciones: cuando la madre ha sido violada, cuando el feto presenta mal formaciones y cuando está en riesgo la vida de la gestante. Así lo estableció la Corte Constitucional en un fallo.
El segundo mensaje del mandatario colombiano es que "la reforma a la Justicia se tiene que aprobar".
El presidente Santos instaló el conversatorio 'Gobiernos de Unidad en América Latina-La Unidad Nacional: balance y perspectivas', que se realiza este viernes en Bogotá.
Durante su discurso, Santos destacó los logros de la Unidad Nacional durante los primeros trece meses de Gobierno. "Ustedes se imaginarán si no estará contento un Presidente con más del 90 por ciento del Congreso a su favor", bromeó el Presidente.
También destacó que dentro de la Unidad Nacional hay espacio para el disenso y que no se está buscando unanimismo en el país.
Conservadores admiten que no hay consenso
A su vez, el Presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, admitió que no hay consenso en el Congreso sobre eliminación del aborto.
Salazar manifestó que, no obstante, seguirá adelante con el proyecto de reforma constitucional que impulsa el conservatismo.
Agregó que el presidente Juan Manuel Santos "tiene razón en eso. En el Congreso habrá votos a favor y votos en contra, esperamos que sean los primeros".
Señaló, igualmente, que cuenta con el respaldo no solo de cinco millones de firmas de ciudadanos, sino "de 55 congresistas de algunos partidos", entre quienes están el senador del Polo Mauricio Ospina.
El Partido Conservador impulsa un proyecto de acto legislativo que pretende modificar el artículo 11 de la Constitución para eliminar la posibilidad del aborto en el país.
DOS DE TRES PONENCIAS PIDEN HUNDIR LA CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES
No la tendrá fácil el proyecto de referendo para castigar hasta con cadena perpetua a violadores.
El proyecto para castigar a violadores, asesinos y agresores de niños, será debatido este lunes, en la Comisión I de la Cámara de Representantes, el tercero de los cuatro debates que requiere.
La razón es que dos de las tres ponencias sobre la iniciativa proponen archivarla.
La primera, firmada por el representante liberal Pablo Enrique Salamanca, argumenta que "no es con cadenas perpetuas como se contrarresta la barbarie que se ensaña contra esos seres inocentes".
Según el congresista, lo que busca la autora del proyecto, la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez, es una "manipulación de una tragedia y de un drama para obtener beneficios electorales".
"Los niños no necesitan tener un 'vocero' en el Congreso, como dice llamarse la doctora Gilma. Ellos necesitan es tener quién defienda sus vidas y aquí lo que tiene que haber es una política pública a favor de la niñez", afirmó Salamanca.
La segunda ponencia, firmada por los representantes Germán Navas (Polo) y Humphrey Roa (conservador), rechaza el "oportunismo" con el que está sustentado el proyecto. Y propone, más bien, abrir espacio a una "reflexión serena y desapasionada" sobre las implicaciones de acudir a la condena perpetua en este caso específico.
A juicio de Navas, "la criminología no puede ser tratada como un tema politiquero".
A esto se suma un informe de la Comisión Asesora de Política Criminal, en el que se le sugiere al Gobierno no apoyar el trámite de la iniciativa y se le califica como "una forma de populismo".
Sin embargo, la ponencia mayoritaria, suscrita por los representantes Alfonso Prada, José Pérez, Fernando de la Peña y Rosmery Martínez, sí propone aprobar el proyecto.
Por su parte, la senadora Jiménez afirmó que "no está en ningún proceso electoral" y que lleva trabajando en esta propuesta desde hace 7 años. "Lo que no se puede desconocer es que esta es una iniciativa popular respaldada por millones de ciudadanos", dijo.
LA PELEA POR LA 'LEY DE DISCRIMINACIÓN' APENAS COMIENZA
Algunos la tildan de populista y dicen que para qué convertir en delito algo que ya tiene sanciones.
Quien de ahora en adelante contemple incluir la categoría 'NN' en un formulario de hoja de vida podrá ir a la cárcel de uno a tres años y pagar una multa de diez a quince salarios mínimos. Esta denominación, familiar en algunos lugares de Cali, lejos de la conocida sigla de 'desaparecidos' significa 'No negros' y sirvió como prueba de que en Colombia hay discriminación racial a pesar de su prohibición constitucional. Y que a partir de ahora ésta será asumida como delito, junto con todas las otras formas de discriminación, como fue aprobado esta semana en el Congreso.
"El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razones de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses", será la reforma al Código penal contemplada a partir de la sanción de la presente ley por el presidente Santos.
A pesar de la motivación del proyecto, no todos están satisfechos. Ex fiscales como Alfonso Gómez Méndez y Francisco José Sintura consideran que modificar el Código penal no es la solución contra la discriminación, y que desde hace años existen sanciones laborales y civiles para quienes cometan tales actos. Asimismo, la Corte Constitucional ha dictado fallos en este respecto, como la tutela a favor de dos jóvenes cartageneras a quienes se les negó la entrada a dos discotecas por ser negras en 2004.
¿Todos iguales?
Aunque la Constitución de 1991 en su artículo 13 dice que "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos", esto acá no es del todo cierto. Ya el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Christian Salazar, había dicho en marzo pasado que la "discriminación racial es una realidad en Colombia".
Así como la persecución religiosa, por la orientación sexual o por el sesgo ideológico. Por ello se tipificó también esta conducta como delito.
Mientras muchos creen que será una ley más, como la que obligaba a dictar en los colegios la Cátedra de Afrocolombianidad y que hoy en día demuestra que no se aplica más que en pocos planteles, para quienes sufren de discriminación es un avance. Para el ex magistrado Jaime Córdoba Triviño, las constituciones no son códigos penales sino que sientan principios de igualdad, "en esa dirección sí es necesario dar un paso más hacia la penalización, como lo recomendó el Comisionado de la ONU".
Con todo, el 'round' no acaba allí. Los conciliadores asignados para unificar los textos de Cámara y Senado podrían bloquear la inclusión de la comunidad LGBT y alegar que no hubo consulta previa conlas comunidades étnicas.
Panorama del racismo en el país
"El Estado no ha adoptado ninguna medida para erradicar los estereotipos racistas que subsisten en el sistema educativo general. El sistema educativo no tiene ningún programa contra el racismo ni que promueva los valores de la aceptación, la tolerancia, la diversidad y el respeto por las culturas de las minorías". Observatorio de Discriminación Racial, 2008.
Expertos opinan
Germán Rincón Perfetti
Abogado defensor de la causa LGBT
"La ley es necesaria e importante, pero no soluciona el fondo de la discriminación, que tiene raíces históricas".
Jaime Córdoba Triviño
Ex magistrado de la Corte Constitucional
"Aunque sea excarcelable, la sanción penal implica multa y prohibición de ejercer derechos civiles y politícos".
Jaime Rosental
Confederación de comunidades judías de Colombia
"La discriminación puede conducir al genocidio, y al ser el Holocausto un referente histórico, se usó para ilustrar su alcance".
Francisco José Sintura
Ex vice Fiscal General
"La criminalización de una conducta es el último paso cuando ya no hay ninguna sanción posible en lo laboral o en lo civil".
María Isabel Mena
Directora de 'Dignificación a los Afrodescendientes'
"Siempre que se nos trata de dar una oportunidad negada históricamente, sale una parte de la sociedad a decir que para qué si todos somos iguales".
La ley sí tiene 'dientes', dicen sus ponentes
La Representante Gloria Stella Díaz y el Senador Carlos Baena, del Mira, les responden a los críticos de la ley.
¿Para qué penalizar cuando existe el artículo 13 de la Constitución?
Gloria Stella Díaz: En nuestra sociedad se hacen necesarias estas medidas sancionatorias tan drásticas porque hay que ser reactivo a la realidad que vivimos. La Constitución es clara, pero las conductas discriminatorias persisten.
¿No es una la ley difícil de aplicar?
GSD: El operador judicial no tendrá problemas de interpretación porque para eso están las pruebas y en éstas debe comprobarse daño físico, moral y psicológico de la víctima.
¿Por qué no cobija la discapacidad?
GSD: Lo que estamos penalizando es la intencionalidad del daño, no la omisión, como que no existan vías para los discapacitados.
¿La comunidad judía necesitaba de una protección especial?
Carlos Baena: Es una ampliación al capítulo de apología al genocidio en donde se prohíbe el antisemitismo, de forma pedagógica y preventiva.
¿De qué sirve una ley que penaliza, pero que es excarcelable?
GSD: Es excarcelable cuando la pena es de uno a tres años, pero si se le suma otro delito, como lesiones personales, intento de homicidio, o agravantes como que sea un funcionario público quien lo comete o su repetición, la pena aumentará.
¿Qué pasará con la discriminación 'invisible'?
CB: El comportamiento invisible no se puede probar y hasta allá no llega el proyecto.
¿Más prisión, con semejante hacinamiento carcelario?
GSD: El hacinamiento es un problema estructura del Estado, no podemos dejar de hacer valer la justicia por ello.
MINJUSTICIA PIDE REVISAR FORMACIÓN ÉTICA DE NUESTROS ABOGADOS
Por: Yamid Amat
Esguerra dice que las universidades deben enseñarles a los abogados más a conciliar que a pleitear.
Ministro Juan C. Esguerra habló con Yamid sobre algunos que están faltando a su juramento.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en su primer gran pronunciamiento a fondo sobre los problemas de la rama, no vacila en afirmar que existe un sector de abogados, "minoritario, sí, pero que hace grandes daños, que ocasiona muchos de los problemas que enfrenta la Justicia hoy en Colombia".
Una de las propuestas de la reforma a la Justicia, que no aceptan la Corte Suprema ni el Consejo de Estado, es que la Corte Constitucional falle tutelas contra sentencias de las mismas cortes. ¿El Gobierno va a insistir en eso?
Este es y ha sido un punto de discrepancias. Desde la Asamblea Constituyente estuve en desacuerdo con la tutela contra providencias judiciales, pero debo reconocer que la historia me ha derrotado. El país quiere que haya tutela contra providencias judiciales. Lo que resulta indispensable es ordenarla, que sirva para bien y no para afectar negativamente el funcionamiento ortodoxo de la administración de justicia. Lo que no puede suceder es que la tutela sea conocida por un juez de una jerarquía inferior, o de especialidad distinta a la del juez cuya providencia se va a revisar. Tanto lo uno como lo otro crearía desórdenes terribles y podría conducir a lo que en tiempos de la Constituyente mi colega Emiliani llamó, con elocuente lenguaje costeño, el 'desporrondingamiento' de la ortodoxia y la lógica de la administración de justicia.
Pero el tema es tutelas contra providencias de altas cortes...
Está previsto que sea la Sala Plena de la respectiva corporación la que conozca de las mismas. La discrepancia radica en la eventual revisión final de la tutela en la Corte Constitucional, que el artículo 86 superior estableció con el fin de unificar la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales. Las otras cortes ven con preocupación una eventual revisión, porque consideran que eso constituye una vulneración de su condición de jueces supremos de sus respectivas jurisdicciones. No se trata de convertir a la Corte Constitucional en un tribunal de casación superior al supremo tribunal de casación, que es la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco de convertirla en máximo juez de lo contencioso administrativo, por encima del órgano de cierre en esa jurisdicción, que es el Consejo de Estado. Se busca esa eventual revisión, porque no tendría mucho sentido pensar en una "unificación" de la jurisprudencia si ella está en manos de tres tribunales distintos.
¿A usted qué lo condujo a cambiar su opinión?
No he cambiado de posición, filosóficamente hablando. Sigo creyendo que hubiera sido mejor que no hubiera tutelas contra las providencias judiciales, pero debo rendirme ante la evidencia: el país sí lo quiere. El artículo 86 de la Constitución, en su tercer inciso, parece descartar las tutelas contra sentencias. Sin embargo, dispone que la tutela procede cuando los derechos fundamentales resulten vulnerados "por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", y por supuesto quienes profieren las providencias judiciales son autoridades públicas, y por ese camino se llega a la conclusión contraria.
¿El Consejo de Estado es o no tribunal de cierre de lo contencioso administrativo?
Absolutamente sí.
¿Entonces por qué caben tutelas contra providencias suyas?
No es un tema de jerarquía, sino de competencias funcionales, y en Colombia se admite que un tribunal tenga la tarea fundamental de unificación de la jurisprudencia, sobre el tema específico de los derechos constitucionales fundamentales. Y es, por disposición de la propia Constitución, la Corte Constitucional.
Entonces no es tribunal de cierre...
No me va a hacer cambiar de respuesta respecto al punto de que la Corte Suprema es el tribunal de cierre de la justicia ordinaria, y de que el Consejo de Estado es tribunal de cierre en lo contencioso administrativo. Pero, en materia de tutela y para la protección de los derechos fundamentales, existe una eventual revisión para la necesaria unificación jurisprudencial, lo cual es imperativo para lograr la seguridad jurídica que necesita un país.
Otro tema. ¿Es verdad que existe desaliento en las Fuerzas Militares por fallos de jueces y cortes?
No acepto el planteamiento básico de que hay un desaliento en las Fuerzas Militares, producto de decisiones judiciales. Reconozco que algunos fallos han generado inquietudes. Quizás sea oportuno volver a pensar en el viejo tema de la relación entre justicia ordinaria y justicia penal militar. Cuándo, en qué casos, a quiénes y por qué conductas debe juzgarse con cánones propios de la justicia ordinaria o de la justicia penal militar. Encontrar ese punto de equilibrio ha sido un dolor de cabeza de la justicia en el mundo y, particularmente, en Colombia, en razón de nuestro viejo conflicto, hay que luchar por mantener el punto de equilibrio, para evitar los inconvenientes.
¿En su opinión, cuál es ese "punto de equilibrio"?
Hay que fortalecer la justicia penal militar. No se trata de propiciar la impunidad, que es lo que suele decirse, sino de garantizar el conocimiento de ciertos elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de un juzgamiento acertado.
¿Esa revisión sería mediante una reforma constitucional o legal?
Quítele la interrogación a su pregunta, y esa es mi respuesta: puede ser objeto de una reforma constitucional o legal, para buscar el justo medio.
Le voy a citar un ejemplo que ha motivado este debate sobre las dos justicias: el caso del general Plazas. ¿Qué opinión tiene sobre ese caso?
No doy opiniones sobre casos puntuales, porque son competencias ajenas a mí que están ahora en manos de los jueces de la República.
Entonces hablemos genéricamente: cuando se da un caso en el que un alto oficial es acusado por la justicia ordinaria, pero las pruebas que allega la justicia militar muestran que hubo excesos de la ordinaria, ¿qué hacer?
La justicia penal militar, por supuesto, no puede ser superior jerárquico de la justicia ordinaria. Lo que hay que hacer aquí es aplicar la Constitución, cuyo artículo 221 dispone que los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, "y en relación con el mismo servicio", son de competencia de la justicia penal militar.
Regresando a la Reforma a la Justicia, quienes la critican dicen que no resuelve los dos grandes problemas de la rama: la impunidad y la lentitud...
Tienen razón. El proyecto es solo una parte de un gran todo, y por eso su epígrafe dice: "Por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la Justicia". Vendrán nuevas leyes, decretos y otras propuestas, discursos y reflexiones en asuntos relacionados con la Justicia. El proyecto se refiere a la necesidad de corregir algunas fallas. Hay problemas complicadísimos que no resuelve esta reforma. La Justicia es lenta y hay sitios de la geografía nacional en donde los ciudadanos de a pie no tienen acceso a ella. Falta mucho camino por recorrer.
¿Entonces, para qué sirve la reforma?
La Justicia tiene una cantidad gigantesca de problemas, algunos de los cuales solo pueden resolverse por la vía de una reforma constitucional. Por ejemplo, se deben buscar soluciones frente a la concepción y la práctica del ejercicio de la profesión del abogado. Afirmo, con respeto pero con firmeza, que no pocos de los problemas de la Justicia son imputables a nosotros los abogados, porque algunos ponen un palo en la rueda de los procesos judiciales para tratar de que se demoren o no lleguen a su final. Con frecuencia hay los que azuzan a los clientes para que busquen la solución de sus problemas por la vía de un pleito, cuando estos podrían solucionarse más económicamente en tiempo y en dinero para el Estado y para las partes, mediante arreglo directo o conciliación. En el comportamiento ético de quien debe ser un apóstol de la justicia, hay mucha tela por cortar.
¿Para eso es la propuesta del Colegio de Abogados que crea la reforma?
Sí, pero no basta. Es indispensable trabajar a fondo en el tema ético e insistir en él mucho más desde las propias universidades. Dicen en las facultades de derecho que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero se dedican las facultades a enseñar a pleitear y no a arreglar. Hay que ver cómo insistimos en que la enseñanza del derecho se oriente mucho hacia el arreglo y la conciliación. No se trata de meterse en la enseñanza del derecho ni de menoscabar el postulado de la autonomía universitaria, ¡no faltaba más! Pero hay casos que francamente me parecen inaceptables.
Por ejemplo...
El abogado que se presta para insolventar a su cliente antes de que él deba enfrentar un proceso de divorcio o de separación de bienes. El derecho no puede utilizarse para obstaculizar la justicia, sino para hacer justicia. Hay temas que son, si se quiere, filosóficos, que son del alma. Y no se trata de introducir cambios espirituales en abogados, en jueces, sino de que entendamos cuál es el sentido de esta profesión, y por qué se dice de ella que tiene que ser un apostolado. Hay que hacer unos cambios enormes; nada saca uno con cambiar la Constitución y las leyes, si unos pocos abogados, en perjuicio de la mayoría que procede con rectitud, traban el proceso con base en la interposición de recursos que saben que no tienen otro propósito que lo que en el lenguaje de los abogados se llama "mejor demorar".
¿Y qué hacer?
Ir a la fábrica, allá donde se produce la materia prima. Ir a las universidades, hacer énfasis en más ética y menos...
¿Trampa?
Con tristeza vemos cómo algunos abogados le tuercen el cuello a normas bien intencionadas, para habilidosamente sacar provecho. Hay abogados que entienden mal el sentido de las leyes y creen que deben utilizarse para las leguleyadas, y no para la eficiencia de la administración de justicia. Están faltando a su juramento, su responsabilidad y su compromiso, y están haciendo quedar mal a la profesión toda. Son una minoría, pero desprestigian una profesión que es la más bella del mundo.
Se buscan luces
"En Justicia y Paz, las cosas no han funcionado del todo bien y los resultados no han sido tan rápidos como se esperaba. Hablamos con la Corte y habrá más diálogo con sus integrantes y con otras instancias de la sociedad para ver cómo abordamos un tema que nos involucra a todos y que tiene que ver con la solución al conflicto que padecemos. Se trata de encontrar fórmulas que permitan sacar el proceso de Justicia y Paz adelante".
¿Pero el problema del límite que impuso Justicia y Paz, que solo beneficia a quienes delinquieron antes del 2005?
Ese es el más grueso de los motivos de preocupación que tenemos. ¿Se necesita una nueva ley? Eso es lo que estamos analizando.
¿Podría buscarse que las medidas que finalmente se van a encontrar iluminen caminos hacia la solución del conflicto?
Claro que sí y le agrego: no solamente iluminar caminos sino crear y fomentar condiciones propicias para ese anhelo final que es la paz.
¿Pero qué buscan?
Son tantas las veces en la vida en las que uno se sorprende de lo que se obtiene de un diálogo. En lo que no puede pensarse es en que esto esté formando parte de un proceso de paz concreto y específico.
EL ABOGADO DE LAS TUTELAS EN PRO DE LOS HOMOSEXUALES
Germán Humberto Rincón Perfetti ha interpuesto más de 1.600 tutelas en contra de la discriminación.
Esa tarde hubo celebración en la oficina de Germán Humberto Rincón Perfetti. Todo su equipo -su secretaria, su mensajero, su abogada asistente y él- abrazaba a un cliente. Habían ganado su caso. El fallo de la justicia determinó que este hombre, ya mayor, homosexual, y cuya pareja había muerto hacía poco, no tenía que entregar su casa a la familia de su ex cónyuge. Esa tarde llovía en Bogotá. Después de los abrazos, el hombre dijo:
-No me importa mojarme. Me voy a pie a mi casa.
Días después, esa frase y ese mi tan marcado hacían todavía mojar los ojos de Rincón Perfetti. De sus 50 años, este abogado lleva 20 -los mismos que está cumpliendo la nueva Constitución Política- atendiendo casos en defensa de este y otros derechos humanos.
En su despacho, lleno de libros y papeles, ha sacado adelante unas 1.600 tutelas. Aún recuerda la primera, interpuesta para que un colegio devolviera los cupos a los hijos de una mujer. De entonces a hoy ha pasado mucho por su escritorio. Ahora está pendiente de una tutela que, de prosperar, marcaría historia en el país: una pareja lesbiana de Antioquia que pide que una de ellas tenga derecho a adoptar a la hija biológica de su compañera.
"Cuando me llamaron para que las representara, les dije que teníamos toda la posibilidad de perder", cuenta Rincón. No importa, le respondieron. Siguieron adelante y ya han ganado en primera y segunda instancias.
Rincón Perfetti se ha convertido durante estas dos décadas en algo más que testigo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Lo ha hecho por convicción, y por su propia historia.
"Recuerdo que mi papá me dijo que prefería un hijo ladrón que uno homosexual. Yo era niño, y quizás él creía que con esa frase me iba a cambiar". Esas fueron, sin embargo, las únicas palabras duras que recibió de su familia por su orientación sexual. En adelante, apoyo.
¿Qué cambios ha vivido el país en 20 años en este campo?
La vida social y jurídica de Colombia se dividió en antes y después de la Constitución del 1991, una carta laica que respeta todas las religiones y obliga a la neutralidad a los funcionarios públicos. Y más importantes han sido las interpretaciones que ha hecho la Corte Constitucional. Los casos de la Corte son tomados como estudio en muchas facultades de Derecho del mundo.
En ese sentido, ¿cómo recibió la reciente decisión sobre matrimonio homosexual?
Pienso que hubiera podido aprobarlo desde ahora. De hecho, la Corte de México, cuando decidió que el matrimonio de parejas homosexuales es constitucional, se basó en sentencias de la Corte colombiana. Así que mal podría este organismo decir que no es válido. Pero al final optó por dejarlo en manos del Congreso.
Y dice esto con cierta decepción: su experiencia con proyectos pasados lo hace dudar del futuro que tengan en el Congreso. "La democracia existe en la medida en que se reconozcan y se amparen a las minorías -dice-. Y, al contrario, en el Congreso he oído cosas del talante de 'Dios los creó Adán y Eva y no Adán e Iván, así que mi voto es en contra'. No saben el principio de neutralidad que debe reinar en un Estado laico".
Pero ha habido avances...
"Antes vivíamos una primera fase en la que el homosexual podía ser, pero no ejercer. Hoy se puede decir que en varios temas existe igualdad, pero gracias a la Corte, que ha tenido que aplicar lo que el Congreso no ha podido".
Rincón tiene clara su explicación: en Colombia hay problemas de contaminación religiosa. "Para muchos funcionarios, el único modelo legítimo de familia es el formado por José, María y un niño. Pero resulta que hoy hay madres cabeza de familia, padres y madres solteros, adopción de personas solteras -dice-. Es evidente que están empujando para atrás en los derechos".
¿Quién?
El Procurador, por sus creencias religiosas, por su interpretación de la Biblia. Cuando yo era católico entendí que el mandamiento más valioso es el amor. ¿Actuar así es un acto de amor?
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Rincón Perfetti se declara "ex católico" desde un viaje que hizo a la India, en una Semana Santa, y vio cómo allá las procesiones católicas eran "minorías de andén". Se preguntó cuál religión es la verdad, si todas fueron creadas por humanos. Y concluyó que podía vivir sin religión, comprometido con una ética civil.
Hijo de un funcionario de la Fuerza Aérea, estudiante de Derecho de la Universidad Militar, Rincón esperó hasta ser independiente para expresar su orientación sexual. "Tardé en salir del clóset. Mi generación aún lo hacía. Hoy los jóvenes ni piensan en eso".
¿Vio necesario, para su trabajo, 'salir del clóset'?
Sí, para empezar a hacerse visible y cambiar los imaginarios. Ningún movimiento social ha logrado tanto en tan poco tiempo, y con menos número de víctimas en relación con otras minorías, como los indígenas. Sacamos el discurso de la cama y lo pusimos en otros escenarios, en la Corte, el Congreso, los medios...
¿Han cambiado los imaginarios?
"Sobre todo en las nuevas generaciones. En mi oficina he recibido altos jerarcas católicos que vienen a asesorarse sobre qué hacer con los bienes de su pareja. Pero todavía hay notarías que no legalizan uniones maritales de hecho, pese a que tienen las herramientas para hacerlo, no sé si por homofobia o por miedo.
Aún hay mucho por hacer".
Considera, no obstante, que leyes que penalizan la discriminación como la aprobadada esta semana son pasos adelante. "Es un avance que construye una herramienta -opina-. Aunque lo fundamental son los cambios de actitud".
Este abogado bogotano, que lucha por el matrimonio igualitario, no es amigo, en lo personal, de ese estado. Hace cinco años tiene una relación con un artista radicado en Toronto y dice que siguen juntos porque viven separados. "Para mí, el matrimonio está estadísticamente fracasado. Pero entre tener el derecho y no tenerlo hay una injusticia ".
Su oficina está congestionada de casos de discriminación de toda índole. Pero allí, concluye, se piensa y se actúa diferente: trabajan una secretaria contratada a los 45 años, un mensajero que estuvo preso 20 años, una abogada madre soltera y un abogado gay.
DEFENSA DE PLAZAS VEGA PIDE LIBERTAD INMEDIATA DEL MILITAR RETIRADO
Dice que apelación a condena lleva 1 año, 1 mes y 17 días sin ser resuelta por el Tribunal Superior.
Plazas Vega fue condenado por desapariciones enn el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
Según su apoderado, Jaime Granados, desde el 12 de julio de 2010 se apeló dicha condena sin que el magistrado que lleva el caso, Hermens Lara, haya definido su suerte jurídica.
"El coronel (r.) Plazas no tiene por qué soportar la carga de la prolongación de la privación de la libertad por circunstancias que él no tiene que asumir", le dice Granados al Tribunal en un memorando que acaba de presentar.
Y pide que se tenga en cuenta que su cliente ha demostrado "absoluta disposición de someterse a los mandatos de la justicia".
Plazas es el único oficial condenado por la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1989, en donde se registraron once desapariciones.
EDITORIAL: ORDEN, POR FAVOR
Si algo necesita la salud de los colombianos son soluciones concretas a los problemas que, por casi 20 años, la han tenido sumida en la crisis. Esto requiere análisis serios, con argumentos y escenarios factibles, liderados por verdaderos conocedores del tema, desprovistos de intereses particulares, incluidos los políticos.
La falta de regulación, control y normas claras permitió hacer leña con sus cuantiosos recursos y, a partir de los anuncios recientes, se espera que el orden y un mejor servicio empiecen a verse.
Después de una sentencia de la Corte Constitucional, dos reformas, una emergencia social, el destape de casos aberrantes de corrupción, los subsecuentes diagnósticos sobre débiles indicadores de salud y las promesas oficiales de acciones para ponerle freno a tanto problema, los avances no se evidencian.
De hecho, parecen quedar ocultos bajo nuevos hallazgos, sanciones, destapes y pronunciamientos de toda clase, que alimentan un ambiente de incertidumbre y zozobra.
Sin que mediara un compás de espera, el mismo día que el Presidente y su Ministro de la Protección presentaron una nueva bitácora para el sector, que en apariencia solucionaría sus problemas más graves, se oyeron voces que calificaban los anuncios de irrealizables. Y no es el único ejemplo. Casi inmediatamente después de que el Superintendente Nacional de Salud confirmó que 18 EPS incumplen requisitos mínimos de habilitación, poniendo en riesgo los dineros públicos de la salud y la atención de usuarios, el funcionario fue acusado de causar pánico económico.
Y tras la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a 14 EPS, por violar las normas de libre competencia, al ponerse de acuerdo en torno a prácticas que acabaron afectando la prestación de servicios a la gente, se oyeron reclamos indignados de quienes consideran que esta acción atenta contra el libre mercado.
Se ha sabido, desde hace tiempo, de la crisis por la que atraviesan los hospitales públicos, jalonada por los enormes recursos que les adeudan los entes territoriales, las EPS y hasta el Fosyga. A este justo reclamo, el Gobierno ha respondido con medidas para garantizar el giro directo de dineros a estas entidades, para apropiar más recursos para oxigenarlos y para que los deudores aceleren los pagos.
No obstante, este gremio, que considera que estas medidas no pasarán de la promesa, anuncia paros y movilizaciones para el 12 y el 13 de este mes. Y mientras los médicos aseguran que, para garantizarles el derecho a la salud a sus pacientes, se autorregularán dándoles lo justo y necesario para recuperarse, otros les dicen que no han sido ni serán capaces de hacerlo.
En esta tónica, ningún avance es posible. Es entendible que en un escenario como el de la salud, en crisis y lleno de intereses, hasta una buena intención levante ampollas, pero eso no justifica el constante ambiente de polarización que vive. Es imperativo dejar a un lado esos intereses, que el Ministerio ejerza plenamente su papel regulador, que los entes de control sigan actuando sin ceder a presiones, que los corruptos reciban su castigo, que los realmente interesados en el sistema ayuden a restablecer el orden y que los opinadores de oficio dejen de echarle más leña al fuego.
EDITORIAL: UN MERITORIO ESFUERZO POR LA JUSTICIA
Pionera en Colombia en su actividad, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), una organización sin ánimo de lucro del sector privado, llega a sus primeros 15 años de vida. Han sido tres lustros abogando por una justicia transparente, de calidad, que ha animado a sus asociados a persistir en la tarea de hacer realidad el anhelo colectivo de los colombianos de tener una justicia pronta y cumplida.
El arduo trabajo de su equipo directivo y técnico no ha sido en vano. Hoy, la Corporación ha conseguido consolidarse como un reconocido centro de pensamiento especializado en temas de justicia y un interlocutor serio de la rama judicial. Ha hecho un trabajo permanente para desarrollar una capacidad técnica seria para poder recibir, a nombre de la sociedad colombiana, la hasta ahora esquiva rendición de cuentas de los jueces.
Esa entidad aboga por la dignificación de la justicia, que pasa por una mejor infraestructura, formación calificada, motivación e incentivos de sus funcionarios y educación de la ciudadanía. También predica la transparencia del sistema, la simplificación, disciplina y modernización procesal, acompañada de la tecnología, de una gestión adecuada y un mejoramiento del servicio al ciudadano. Un objetivo central de la CEJ es presionar por una política de Estado con una visión de largo plazo y reformas de justicia integradas a planes de acción concretos, financiados y realizables y sustentados en estudios serios de costo-beneficio.
Desde su primer día, la CEJ ha insistido en que muchos de los problemas que aquejan a la justicia se resuelven con gestión y tecnología. Por eso se especializó en modelos de gestión que se han sugerido y aplicado, por ejemplo, en la aceleración de los trámites de causas en las jurisdicción civil, en la etapa de investigación penal a cargo de la Fiscalía y en el modelo de gestión que demande la nueva reforma contenciosa administrativa. Igualmente, está promocionando la 'e-justicia', y elaboró una estrategia, con cronograma, para llegar al expediente electrónico y al litigio por Internet.
Sus inspiradores iniciales -Hernán Echavarría Olózaga, Tito Livio Caldas y Hernando Santos Castillo, ex director de este diario- y los otros 70 miembros de diversas regiones, sectores económicos y sociales del país pueden estar tranquilos de que el propósito esencial para el cual fue creada la CEJ no ha sido defraudado. Los logros conseguidos hasta hoy deben animar a los socios de la Corporación a continuar perseverando en la ambiciosa y nada fácil tarea de contribuir a la transformación de la justicia en un servicio público eficiente, profesional y transparente que esté únicamente al servicio de los colombianos y de nadie más. Larga vida a este meritorio esfuerzo ciudadano.
EL ESPECTADOR
PESE A ADVERTENCIA DE SANTOS, CONSERVADORES INSISTEN EN ABOLIR ABORTO
Desde el lanzamiento de la campaña nacional del Partido en Cali, el senador José Darío Salazar dijo que buscarán acabar con cualquier práctica del aborto.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos advirtió que no hay consenso para la aprobación de la abolición del aborto en todas sus modalidades, el Partido Conservador no cesará en su lucha por acabar con toda modalidad del aborto permitida en Colombia.
El presidente del Directorio Nacional Conservador, senador José Darío Salazar, dijo que aunque no hay un acuerdo sobre el tema en la misma mesa de unidad nacional, hay cerca de 55 parlamentarios que ya se han mostrado partidarios de esa posibilidad.
“Habrá votos a favor, que esperamos que sean muchos, y votos en contra, y tiene razón el presidente, no hay consenso”, señaló el legislador.
En el mismo sentido, Salazar recordó que hay cinco millones de firmas que respaldan el acto legislativo presentado por los conservadores.
Aun así, el senador admitió que no conoce cuál es la opinión en particular del presidente Santos sobre el aborto.
Este viernes Santos alertó que no hay consenso alrededor de muchos proyectos, entre ellos, la iniciativa del aborto.
Para el Jefe de Estado tampoco no se trata de unanimismo sino de una alternativa que busca poner en marcha las mejores propuestas de Gobierno, recibiendo ideas de varios sectores.
“Aquí no hay ningún unanimismo, aquí lo que queremos es tener buena gobernabilidad, poner en marcha las mejores ideas de todos los partidos, el programa de Gobierno que era el programa de la U, se está llevando a cabo enriquecido con los programas de los demás partidos”, aseguró el Mandatario.
Dijo que a pesar de la fuerza de este esquema incluye el respeto al disenso entre los representantes de la Mesa de la Unidad Nacional.
“Se permiten disensos dentro de la Unidad. Eso es obvio, es natural y es necesario y así ha operado, por eso los partidos deben tomar la iniciativa de presentar leyes ante el Congreso sin el aval de la Unidad Nacional. Es más, los parlamentarios también pueden -dentro de sus propios partidos- tener iniciativas y presentar sus proyectos de ley sin ningún problema y eso no tiene que ir a la bendición de la Unidad Nacional”, explicó el Mandatario
HACIENDO LOBBY
Por: Juan Carlos Gómez
La ley 1474 de 2011, expedida en julio pasado, denominada comúnmente como estatuto anticorrupción, en muchos aspectos es una reacción casuística y atropellada frente a esa plaga que tiene asediada a la institucionalidad colombiana, pero, no precisamente por falta de normas y talanqueras.
Por el contrario; muchas veces el alud de requisitos, registros y trámites para la contratación estatal, por ejemplo, crea un mundo kafkiano en el que se mimetizan cómodamente tramposos y venales.
Dentro de ese estatuto anticorrupción hay un capítulo que se denomina “Regulación del lobby o cabildeo”. Esperaría uno que ese capítulo contuviera lo que promete; sin embargo, aparece nada más un artículo —el 61—, norma solitaria y babosa, que dispone que la autoridad competente podrá requerir informaciones acerca de gestiones determinadas, cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria. Es decir, el lobby se quedó sin regulación.
La razón de ese vacío, al parecer, fue el afán en el trámite de la conciliación entre los textos de Senado y Cámara, que no dio tiempo para estudiar con juicio el asunto, que ya era materia de otro proyecto de ley, el cual podría revivir en la presente legislatura.
En ese proyecto se define el lobby o cabildeo como el contacto de carácter personal y privado con el “objeto de promover, defender o representar cualquier interés lícito en relación” con trámites legislativos o con actos administrativos de competencia de la rama ejecutiva.
Con esta definición lo que se hace es describir lo que hoy sucede en la práctica, lo cual en sí mismo no necesita un reconocimiento legislativo. Lo novedoso al respecto es que la propuesta legislativa exige que los cabilderos se inscriban en un registro, que existiría tanto para el Congreso de la República como para la rama ejecutiva. De esta forma se conocería quiénes son formalmente cabilderos, lo cual ciertamente podría ser una ventaja para la transparencia, pero no evitaría los acuerdos que se realizan en la sombra ni el cabildeo informal que tiene tanto juego a la hora de tomar las decisiones del Estado.
En todo caso, siempre será un ejercicio interesante descubrir en las leyes y en los actos administrativos los favores recibidos.